Resumen: El trabajador obtuvo sentencia de despido e instó la ejecución de la misma que le fue denegada por estar la empresa en situación de concurso de acreedores y en concreto en el tiempo de tres meses previsto para intentar llegar a acuerdo con los trabajadores. Pero transcurrido el mismo persistía la suspensión de ejecutar por la suspensión extraordinaria de plazos establecida en la legislación COVID.
Resumen: lLa Administración pública contrató a la demandante por obra o servicio determinado. Transcurrido un año extinguió el contrato por finalización del mismo por finalización del convenio de colaboración que constituía la base del contrato. Siendo cierto el motivo alegado y correctas las percepciones de los demandantes , por lo que la demanda es desestimada. Tampoco el hechode estar el contrato en fase de suspensioón por fuerza mayor suponía la prolongación del mismo llegada la fecha prevista para la extinción. Tampoco se aprecia cesión ilegal de trabajadores
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado persona física y a una sociedad mercantil como autores responsables de un delito contra la Hacienda Pública. Administrador de una sociedad que para aminorar la cuota del IVA que debía ingresar esta última incrementa ficticiamente las cantidades del IVA soportado por la sociedad incluyendo esos importes en la autoliquidación del tributo. Delito de defraudación fiscal. La conducta típica puede realizarse por acción o por omisión. El engaño constituye un requisito indispensable para que una conducta sea constitutiva del delito. Juicio de inferencias sobre la presencia del ánimo defraudatorio en el sujeto obligado. Dolo defraudatorio que alcanza al valor de la cuota defraduada.
Resumen: Ante la falta de previsión expresa de la LO 10/2022 sobre Derecho transitorio aplicable, se aplica la Disposición Transitoria 9ª LO 10/95 para concluir que corresponde a la Sala Civil y Penal, en su condición de órgano de apelación, la adecuación de la pena a la reforma operada por LO 10/2022 en la medida en que la misma resulte más beneficiosa para el acusado. Se constata que la pena con la que se sanciona el delito tipificado en el artículo 179 CP ha sufrido una clara atenuación, pasando de una pena privativa de libertad de 6 a 12 años a otra de 4 a 12 años. La rebaja en un grado correspondiente al delito intentado determina así una nueva pena de 2 años y 1 día a 4 años (y no la de 3 años y 6 meses a 6 años que correspondería conforme a la antigua redacción). Finalmente, la aplicación de la agravante del artículo 22.2 CP impone preceptivamente la aplicación de la pena antes señalada en su mitad superior, lo que arroja un saldo penológico con un mínimo de 3 años y 1 día y un máximo de 4 años. Para la concreta individualización de la pena, el TSJ entiende que procede efectuar un juicio de reproche similar o equivalente al efectuado por el tribunal a quo en el momento de concretar la pena impuesta, de forma que la nueva pena guarde con la extensión en que la nueva normativa permite imponerla la misma proporción que la pena concreta impuesta en sentencia guardaba con la extensión en que la legislación derogada permitía su concreción.
